La diputada provincial Claudia Giaccone presentó un Proyecto de Ley para extender hasta el año 2020 la emergencia en materia de propiedad y posesión de las tierras ocupadas por los pequeños productores, familias de trabajadores rurales, campesinos e indígenas que acrediten una ocupación efectiva del predio rural, y se suspenden por idéntico término la ejecución de desalojos.

La ocupación efectiva del inmueble rural considerado debe ser por un término superior a diez años, siendo la misma ininterrumpida y continuada, pública y pacífica. Durante este plazo se suspenderán la ejecución de las sentencias, actos procesales o resoluciones administrativas, o de cualquier índole, cuyo objeto sea el desalojo o desocupación inmediata de dichas tierras.

“Hemos estado trabajando en el tema en forma conjunta con el Movimiento de Pequeños Productores de Santa Fe (Moprofe), y pensamos que ellos deben incorporarse a la realización del relevamiento, registro y trámite de acreditación para la regularización de dominio de esas propiedades”, expresa la diputada.

“La norma original -Ley n° 13.334- que establecía la suspensión de desalojos caduca en el mes de febrero del año próximo, y es de imperiosa urgencia la necesidad de prorrogarla, ya que a la fecha sólo se han registrado 10 casos lo que demuestra la escasa ejecución que ha tenido la ley durante estos años”, continúa Giaccone. “En parte por no haber contado con la divulgación necesaria pero también por otras razones que entendemos deben ser incorporadas a una nueva ley, como por ejemplo la imposibilidad de muchas familias con una economía muy inestable, de hacer frente al valor de las declaraciones juradas que deben firmar el titular, más dos testigos, ante juzgado o escribanos que implica un oneroso trámite. Por ello proponemos  que de no ser viable la gratuidad del mismo el Estado debería asumir su costo”.

La diputada entiende además, que la Ley  vigente no favorece en su espíritu la participación de las organizaciones o movimientos representativos de los agricultores familiares ni de técnicos para acompañar dichos procesos. “Para resolver esta deficiencia hemos incluído como modificación a la ley actual la creación de una Comisión de Asesoramiento a la Autoridad de Aplicación, presidida por el Ministro de la Producción, integrada por otros estamentos del Estado provincial, y pero también, por un representante de las asociaciones y/o entidades representativas y/o asesoras de los pequeños productores e indígenas que cuenten con personería jurídica o el movimiento que las represente. Esto permitirá una estrecha articulación de organizaciones sociales y el estado, tal como ocurrió con éxito en la gestión y aplicación de leyes que determinaron la cesión de predios rurales a pequeños productores y a comunidades aborígenes –leyes n° 12.086 y 12.091-“.