En la Sesión Ordinaria del 16 de noviembre de 2017, la Cámara de Diputados de la Provincia de Santa Fe aprobó el Proyecto de Ley presentado por la diputada provincial Claudia Giaccone, para extender hasta el 28 de febrero de 2020 la emergencia en materia de propiedad y posesión de las tierras ocupadas por los pequeños productores, familias de trabajadores rurales, campesinos e indígenas que acrediten una ocupación efectiva del predio rural, y suspendiendo por idéntico término la ejecución de desalojos.

“Estoy muy satisfecha con el acompañamiento de los Diputados, y ahora es necesario que el Senado le dé plena sanción durante este período ordinario de sesiones, ya que la norma original -Ley n° 13.334- caduca en el mes de febrero del año próximo”, expresó Giaccone.“Por eso es de imperiosa urgencia la necesidad de prorrogarla, siendo además que a la fecha sólo se han registrado 10 casos, lo que demuestra la escasa ejecución que ha tenido la ley durante estos años”.

El proyecto con media sanción establece que durante este nuevo plazo se suspenderán la ejecución de las sentencias, actos procesales o resoluciones administrativas, o de cualquier índole, cuyo objeto sea el desalojo o desocupación inmediata de dichas tierras. Para este beneficio la ocupación efectiva del inmueble rural considerado debe ser por un término superior a diez años, siendo la misma ininterrumpida y continuada, pública y pacífica..

“Hemos estado trabajando el tema en forma conjunta con el Movimiento de Pequeños Productores de Santa Fe (Moprofe), y pensamos que ellos deben incorporarse a la realización del relevamiento, registro y trámite de acreditación para la regularización de dominio de esas propiedades”, dice la diputada. “Es preciso una divulgación activa de esta ley para que se universalice su aplicación, y también que el trámite no sea tan oneroso que lo haga imposible, por eso hemos incorporado que las declaraciones juradas que deben firmar el titular más dos testigos, ante juzgado o escribanos, En caso de no ser viable su gratuidad el Estado asuma su costo.”

 La diputada entiende además, que la Ley con media sanción favorece la participación de las organizaciones o movimientos representativos de los agricultores familiares y de técnicos para acompañar dichos procesos, incluyendo la creación de una Comisión de Asesoramiento a la Autoridad de Aplicación, presidida por el Ministro de la Producción, integrada por otros estamentos del Estado provincial, y pero también, por un representante de las asociaciones y/o entidades representativas y/o asesoras de los pequeños productores e indígenas que cuenten con personería jurídica o el movimiento que las represente. Esto permitirá una estrecha articulación de organizaciones sociales y el estado, tal como ocurrió con éxito en la gestión y aplicación de leyes que determinaron la cesión de predios rurales a pequeños productores y a comunidades aborígenes –leyes n° 12.086 y 12.091-“.